Las organizaciones de Derechos Humanos en Panamá entregaron a la Comisión de la ONU el llamado informe “Sombra sobre la situación de Derechos Humanos en Panamá”. Las áreas indígenas no están protegidas por ninguna legislación especial. Así, esos "proyectos de desarrollo" están expulsando a los indígenas de sus casas, sin garantizarles vivienda y tierra adecuadas. El informe atribuye esa indefinición sobre los territorios a la no ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y a la no creación de una ley marco sobre esos pueblos, que desarrolle los principios constitucionales para protegerlos.
La desatención del pueblo indígena panameño se evidencia en los números de pobreza existentes en el país. En 2003, la pobreza afectaba al 98,5% de los habitantes del área rural indígena, mientras que en el área rural no indígena ese número era del 54,2%. La pobreza total del país -incluidas zona rural y urbana- era de 37,2%, y la pobreza urbana del 20,0%.
El II Informe de Desarrollo Humano mostró que la pobreza extrema afecta al 90% de los indígenas.
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